Para los agricultores la expropiación de Agroisleña terminó de hundir al campo venezolano

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A propósito de que el Tribunal constituido bajo las Reglas de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó que la expropiación sin compensación de Agroisleña fue una violación al acuerdo Venezuela-España para promover y proteger las inversiones, agricultores venezolanos aplaudieron la decisión en favor de los inversones, ya que consideran que la empresa brindó un gran aporte durante anos al sector primario nacional.

Para los productores la decisión del fallecido presidente Chávez de expropiar a la principal proveeduría de insumos agrícolas del país fue un desacierto que terminó de hundir al campo venezolano en la crisis que ha vivido durante los últimos años por la carencia de insumos.

Agroisleña daba la semilla y todo lo necesario para la siembra, les compraba la cosecha y después de cobrar el financiamiento, les cancelaba la ganancia. El Campo seguro. Chávez la expropió y destruyó”, así afirmó uno de los productores.

Asimismo, la dirigencia del sector señala que el aporte de Agroisleña en la modernización de la agricultura en Venezuela fue innegable.

“Los venezolanos seguimos pagando las malas decisiones de Chávez aun después de muerto” aseveró un productor en twitter.

Todos los productores consultados coinciden que todas las expropiaciones que se ejecutaron en el país solo contribuyeron a empobrecer más la economía del país y por ende dejaron más desempleo y hambre.
Sin embargo, los agricultores siguen dispuestos a luchar en el campo para seguir aportando alimentos a los venezolanos, pues aunque han perdido una gran empresa tienen un gran capital humano con ganas de recuperar el agro en el país.

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Es importante resaltar, que la decisión del tribunal internacional ordena al Estado venezolano pagar al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos la suma de 1.629 millones de dólares como compensación por su incumplimiento del referido acuerdo, así como también más de 1,1 millones de dólares por costos del procedimiento y otros $16,3 millones de dólares por gastos incurridos.

Ramón Ballester.-

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