
Minuta Agropecuaria 20 Jun 2026
En el marco del IV Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical, el especialista y director de Agro-tributos, Gerardo Mendoza, dictó una crucial conferencia sobre la tributación agrícola en Venezuela, alertando sobre los profundos cambios fiscales que restan competitividad al campo y la necesidad urgente de transformar la mentalidad gerencial del productor agropecuario.
Mendoza explicó que el sector primario venezolano cuenta con un régimen impositivo que desde hace 27 años se asemeja peligrosamente al de la industria y el comercio, obligando hoy en día al productor a cumplir con un abanico de entre 13 y 14 tributos distintos entre nacionales, parafiscales, laborales y locales.
El cambio más drástico de los últimos meses radica en que el sector ya acumula tres años gravados por el Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
«La exoneración, que era una opción que tenía el productor hasta el año 2023, ya no se renovó más. El productor primario ya no puede contar con el dinero de ese impuesto que antes calculaba para reinvertirlo en su propia finca; ahora tiene que seguir haciendo inversiones desde su propio bolsillo y pagar al fisco en el caso de que haya ganancias», detalló el director de Agro-tributos, acotando que ante la rentabilidad normal del negocio, al sector le toca asumir este fuerte «sacrificio fiscal».
Ante el desmontaje de los incentivos históricos, Mendoza precisó que al agro venezolano apenas le quedan dos beneficios reales: la exención del Impuesto a los Grandes Patrimonios (IGP) —que aplica a estructuras jurídicas— y la «no sujeción» a las patentes de industria y comercio o impuestos a la actividad económica de las alcaldías. «Legalmente, el productor primario todavía puede cobrar y operar sin pagar impuestos a los municipios sobre sus ingresos brutos», aclaró.
Asimismo, sumó un alivio de carácter administrativo: la imposibilidad de ser nombrado «contribuyente especial». Mendoza especificó que esto no es un impuesto en sí, sino una carga administrativa alta que requiere inversiones operativas; por ende, si una finca es calificada en este grupo, el propietario tiene todo el derecho de solicitar formalmente su exclusión.
No obstante, alertó que la presión fiscal está bajando con fuerza a las regiones. Informó que diversas alcaldías del país están realizando modificaciones severas en sus ordenanzas, por lo que instó al gremio a revisar con lupa la situación de los tributos municipales para evaluar el impacto real sobre las unidades de producción primaria.
Para el director de Agro-tributos, el panorama actual obliga a dejar atrás la visión de la unidad de producción como una entidad simple. «El productor primario hoy es un contribuyente más. Cuando tienes una realidad de 10 a 12 tributos que cumplir, el tema administrativo se vuelve vital. Si no tienes procesos claros, gerencia, vigilancia y gente capaz, es muy difícil cumplir con éxito», advirtió con severidad.
Mendoza hizo un llamado de atención urgente sobre los riesgos de la informalidad, recordando que el incumplimiento de ciertas obligaciones tributarias y parafiscales en el país incluye severas sanciones que van desde multas económicas hasta penas corporales (cárcel).
«Si dejamos la contabilidad y la administración en manos de gente que no está capacitada, corremos un riesgo tremendo. La planificación de los costos y una contabilidad organizada garantizan la salud y la supervivencia de la empresa agrícola», concluyó.