
Minuta Agropecuaria 14 Ago 2026
Oreste Cabrera Blanco, productor agrícola del municipio Zamora en el estado Aragua, denunció públicamente ser víctima de amedrentamiento, vulneración de sus derechos laborales y un intento de desalojo arbitrario de la unidad de producción que trabaja desde diciembre de 2024, ubicada en la zona de Villa de Cura.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por el afectado, su labor productiva en el predio se enmarca en una alianza establecida legalmente con la Empresa de Propiedad Social (EPS) Valle de Los Tacariguas, adscrita al Estado venezolano y bajo la directiva del general Denni Erney Véliz Sanz.
Cabrera detalló que al momento de asumir la unidad agrícola en 2024, esta se encontraba en total estado de abandono, desvalijada y sin servicios básicos operativos tras años de inactividad.
«La finca no tenía ni luz ni agua activa. Los transformadores estaban totalmente vacíos por dentro porque se robaron todo en años anteriores. Con mis propios recursos económicos logré restablecer los sistemas de energía, riego y agua para poner a producir la tierra», explicó el productor.
Durante este período, Cabrera ha mantenido la siembra y cosecha de rubros prioritarios como cebolla, caraotas, melón y patilla, contribuyendo con el abastecimiento agrícola de la región.
Respecto a su estatus contractual, el agricultor precisó que tras vencer una alianza inicial de dos años, en enero de 2026 renovó formalmente el convenio por un lapso de ocho (8) años, el cual se encuentra actualmente plenamente vigente. A pesar de no haber incurrido en el incumplimiento de ninguna de las cláusulas contractuales establecidas con la EPS Valle de Los Tacariguas, personas ajenas a la directiva institucional irrumpieron en el predio para exigir su salida.
Según la denuncia, sujetos vinculados a terceros llegaron de manera arbitraria a notificarle una supuesta «terminación de contrato» no emitida por los canales legales ni por la directiva de la empresa estatal, valiéndose de presiones e intimidaciones.
La situación escaló al punto de que parte de sus pertenencias personales y herramientas de trabajo fueron sacadas por la fuerza y lanzadas a la carretera. Debido a esta acción, transeúntes se apoderaron de variados enseres y bienes antes de que el afectado pudiera resguardarlos. Asimismo, se pretende despojarlo de las maquinarias y equipos de trabajo con los que opera las aproximadamente 28 hectáreas que conforman la finca.
El afectado señala contar con material audiovisual y fotográfico que respalda tanto la inversión realizada para la reactivación de los servicios básicos en la finca, como los destrozos y el material que fue arrojado a la vía pública.
Ante esta situación de indefensión y vulneración a la seguridad jurídica de quienes trabajan la tierra, Cabrera hace un llamado a las autoridades competentes para que intervengan, se respete la alianza vigente y se detengan las acciones de amedrentamiento en su contra.