
Minuta Agropecuaria 19 Jun 2026
El sector productor primario de arroz y las organizaciones agrícolas del país se encuentran en máxima alerta ante la parálisis de la siembra nacional.
El Ing. Roberto Latini, presidente de la Asociación de Productores de Semillas Certificadas de los Llanos Occidentales (Aproscello) y director de Fedeagro, exigió al Ejecutivo Nacional un pronunciamiento urgente y una «decisión firme y favorable, en el más corto plazo, sobre la grave situación de las importaciones, caída de los precios internos y contracción de la producción nacional».
Latini denunció que la ventana para actuar es crítica. «Más allá de la retórica gubernamental y de las periódicas visitas políticas a los estados llaneros, lo que se espera ahora es una decisión ejecutiva, como señal positiva en relación a los controles sobre importaciones, política de precios y la estabilidad de la cadena productiva del arroz», sentenció, advirtiendo de forma tajante que «los días corren y la oportunidad agronómica se acaba…».
El director de Fedeagro explicó que en febrero de este año se había concertado un precio base de 0.40$ (referencia USDT) cancelado a 15 días, lo que contuvo momentáneamente el desplome del mercado ocasionado por las licencias otorgadas a finales de 2025. Sin embargo, los acuerdos fueron quebrantados.
«La amenaza se concretó, retrocediendo el precio a valores entre 0.30$ y 0.35$, concluyendo el mes de abril e inicios de mayo 2026», detalló.
La situación empeoró drásticamente para el bolsillo del productor debido a maniobras financieras en los pagos. «El irrespeto a la decisión fue más allá, cuando de forma arbitraria no se tomó para los pagos, como referencia, el dólar USDT, sino la contraparte en la tasa del dólar de intervención bancaria y se retrasaron los plazos muchos días más, llegando hasta 40 días después de la entrega. Esto representó una pérdida en ingresos por precio de hasta 25%, más una pérdida cambiaria adicional del 15%», denunció Latini.
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La raíz fundamental de la crisis, según el presidente de Aproscello, radica en la política aduanera y comercial del Estado.
«Consecuencia del desorden administrativo en el otorgamiento de licencias de importación, se ha destruido la rentabilidad del productor y se ha puesto en jaque al sector industrial formal, por una competencia desleal al permitir la exoneración arancelaria e IVA (en puerto) a los volúmenes importados de arroz, que ya alcanzan las 400.000 toneladas métricas». Añadió además que este volumen es «exagerado» y se encuentra concentrado en un pequeño grupo de empresas.
Para el dirigente gremial, ignorar la fragilidad del mercado interno «denota una falta total de conocimiento y visión de la realidad del sector y lo expone a decisiones que no obedecen a los intereses del país agrícola».
Las consecuencias de este escenario ya se palpan en las principales zonas arroceras del país, provocando insolvencia económica y destruyendo el empleo rural. Esto ha derivado en «una disminución sustancial del avance de siembra, el cual se estimaba en más de 70.000 hectáreas en Portuguesa y 40.000 hectáreas en Guárico; y a la fecha de hoy, escasamente se ha logrado un 50% de avance».
Ante esto, Latini concluyó haciendo un llamado perentorio a las autoridades: «Es urgente que el sector oficial se pronuncie favorablemente a objeto de rescatar de inmediato la producción interna, disminuir la dependencia de importaciones, afirmar la soberanía nacional agroalimentaria y permitir a los productores el libre derecho al trabajo y a su sobrevivencia económica».