Defensa rechaza acusaciones sobre Fundo Cunaviche y asegura contar con sentencia judicial a su favor

Minuta Agropecuaria 29 Jun 2026

En el marco del derecho a réplica, representantes de los ciudadanos Héctor y Paubla Rivas fijaron posición ante las recientes declaraciones emitidas por el ciudadano Efraín Guerra Colmenares respecto a la situación jurídica y de ocupación en el Fundo Cunaviche, ubicado en el caserío El Mamón de Acarigua, calificando los señalamientos de «totalmente falsos» y orientados a «confundir a la comunidad».

La profesional del derecho y representante legal de la causa, Nathalie Crespo, aclaró que, lejos de tratarse de una invasión arbitraria, la familia Rivas ha mantenido la posesión histórica de esas tierras y que el señor Guerra jamás ha podido demostrar legalmente una compra en ninguna instancia judicial.

Explicó que los supuestos pagos alegados por la otra parte correspondían en realidad a negociaciones ajenas a la propiedad, específicamente a la adquisición de unos transformadores, por lo que nunca existió un contrato de venta sobre el predio.

Asimismo, señaló que, aunque en su momento se tramitó un instrumento agrario a nombre de un familiar de la contraparte, los tribunales determinaron su nulidad. «Evidentemente, lo que dice la sentencia es que debe ser anulado», argumentó la defensa, señalando que Guerra presuntamente se ha estado «aprovechando del limbo jurídico» mientras se ejecuta la decisión definitiva.

De acuerdo con la versión de los denunciados, existe un dictamen judicial previo que delimitó provisionalmente las áreas de trabajo para proteger la actividad agrícola de ambas partes mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dirimía el caso. Afirman que, tras vencerse los lapsos y obtener la certeza de la decisión judicial favorable, los señores Rivas procedieron a iniciar las labores correspondientes de mecanización de suelos para la siembra, siendo presuntamente perturbados por el señor Guerra.

Asimismo, la defensa desestimó categóricamente las acusaciones sobre presuntos daños a la propiedad o matanza de animales, alegando que forman parte de un patrón de denuncias recurrentes que nunca han podido ser demostradas ante los tribunales correspondientes.

Con esta argumentación, la familia Rivas sostiene que sus acciones se apegan al derecho de explotación de las tierras amparado por los dictámenes del juez de la causa y las resoluciones de los organismos agrarios competentes.