
Minuta Agropecuaria 20 Feb 2026
Un grupo de 37 productores agrícolas de Portuguesa y Cojedes, denunciaron públicamente el retraso en la cancelación de la cosecha de maíz blanco y amarillo correspondiente al ciclo 2024. Los afectados, quienes arrimaron su producción a la planta Ebenezer, manifestaron que la falta de pago ha generado un efecto dominó de deudas que hoy les impide retornar a sus labores habituales en el campo.
José Luis Gadea y Andy Alvarado, actuando como voceros del grupo, explicaron que en su caso particular entregaron la cosecha el pasado 4 de noviembre de 2024. A pesar de haber acudido a la planta central en Chivacoa en busca de soluciones, la respuesta ha sido nula.
“Se ha convertido en una burla”, señalaron los afectados, quienes enfatizaron que la empresa posee una lista detallada de cada productor al que se le adeuda su esfuerzo de todo un año.
La gravedad de la situación radica en que la mayoría de estos agricultores sembraron con financiamiento propio, utilizando tierras de su propiedad y haciendo un sacrificio económico importante. Gadea y Alvarado detallaron que sembraron alrededor de 7 hectáreas para un total de 33 mil kilos, alquilando únicamente la maquinaria de preparación y el transporte, servicios que hasta la fecha no han podido liquidar debido a la falta de ingresos por la venta del rubro.
“Tenemos deudas con la maquinaria de preparación, transporte e insumos; estamos esperando el pago para honrar esos compromisos”, expresaron los voceros.
Recordaron que, si bien en el año 2023 la relación comercial fluyó bajo otra administración, durante este 2024 el proceso se ha estancado, dejando a 37 familias, proveedores y prestadores de servicio en una situación de total vulnerabilidad económica.
La consecuencia más directa de este impago es que los productores no pudieron realizar la siembra del ciclo siguiente y advierten que, a este ritmo, no podrán volver a sembrar en el futuro cercano. La falta de liquidez ha paralizado la operatividad de estas unidades de producción, afectando la soberanía alimentaria de la región y el sustento de quienes dependen de la actividad agrícola.
Ante este escenario, hicieron un llamado urgente a los organismos competentes y entes gubernamentales para que intervengan y sirvan de mediadores en la resolución de este conflicto.
Los agricultores exigen que se haga justicia con el pago de la cosecha arrimada, permitiéndoles saldar sus deudas con los prestadores de servicio y recuperar su capacidad de trabajo para los próximos ciclos de siembra.